Estamos celebrando probablemente el último Claustro ordinario de este mandato rectoral, por eso tenía especial interés el Informe del Rector, el cual ha consistido en una larga enumeración de datos y en un autoelogioso mensaje de campaña electoral. Tras escucharle con atención, quisiera ahora dar mi opinión sobre el estado de la Universidad.
Parto del reconocimiento de que por exigencias legislativas este período de gobierno ha tenido que afrontar importantes transformaciones en nuestra Universidad, como son la implantación del sistema de Bolonia y las fusiones de centros; además, este rectorado decidió –y yo comparto esa decisión- optar en su día al sello de excelencia internacional. Estos 3 retos son difíciles y hay que subrayar el trabajo desarrollado para alcanzarlos, pero nos engañaríamos a nosotros mismos si no pusiéramos de relieve también las debilidades que se aprecian en lo realizado.
En efecto, durante este año, la adaptación de la docencia al nuevo sistema ha seguido arrastrando enormes dosis de burocracia y grandes problemas en la organización docente. Ya sea por falta de previsión o por un deliberado intento de ahorrar justamente donde no procede, el caso es que en algunos centros se han estado desdoblando grupos hasta hace poco y hay planes docentes que todavía no están completos, con los perjuicios que esto supone para los estudiantes, los centros y los departamentos afectados. A su vez, la puesta en marcha del Centro Internacional de Postgrado ha traído el caos a lo que hasta ahora era un sistema sencillo de matriculación, sometiendo a los interesados a múltiples penalidades administrativas.
En el tema de las fusiones, es verdad que la nueva normativa estatal sobre las Escuelas Universitarias obligaba a tomar decisiones, pero éstas se tomaron con precipitación, sin escuchar la opinión de los implicados y, en definitiva, con imposición. En el caso de las facultades de humanidades, no había exigencia legal ni mucho menos prisa. En general, no se hizo un análisis riguroso de las repercusiones de las fusiones y, en particular, no se calcularon las innegables dificultades de gestión posteriores. Este Claustro vivió las intervenciones de diversos decanos y directores afectados señalando los inconvenientes y los previsibles problemas, pero el rectorado enfocó aquello como un mero trámite, sin escuchar sus razonamientos. Todo esto ha sido así, y todos lo sabemos, por mucho que un informe hecho por unos llamados “expertos internacionales”, encargado por el ministerio a mayor gloria de su política sobre CEI, haya querido alabar el proceso utilizando parámetros externos de valoración ajenos a la comunidad universitaria implicada.
En cuanto al CEI, la comunidad universitaria asiste atónita a un despliegue mediático que en estos días tiene su máxima expresión en la Estación Experimental Off-Shore. La prensa nos ha informado de las múltiples posibilidades e incontables beneficios que por lo visto va a deparar, pero seguimos sin saber datos esenciales, como son: su ubicación (para lo que según ha dicho el gerente del cluster habrá que esperar un mes y habrá que tener en cuenta “un importante número de variables”); el cumplimiento de los requerimientos legales para su puesta en marcha (que tampoco se han alcanzado todavía); las empresas que participarán (en este punto, hay contradicciones, pues mientras que la vicerrectora dijo en el último Consejo de Gobierno que hoy por hoy no había ninguna, el gerente del cluster ha dicho en la prensa que las hay pero no se pueden decir); o, por citar un extremo especialmente significativo, los grupos de investigación de nuestra universidad que participan en las tareas científicas. Me daría por contenta con que se nos informara sobre este último aspecto, porque ustedes hablan de un número alto de grupos de investigación pero todavía no he podido encontrar a ningún investigador que diga que está realmente implicado en ello, más allá de haber dado sus datos en alguna ocasión. Tampoco estaría de más saber por qué la Universidad de Oviedo no ha aprovechado la convocatoria de este año para intentar pasar de la categoría de CEI de ámbito regional a la de CEI, como ha hecho con éxito la de Santiago de Compostela.
Yo no dudo de la buena intención que anima al rectorado y soy la primera en desear éxitos al CEI, porque serían nuestros éxitos, pero tal como van las cosas, la forma de enfocarlo cada vez se parece más al Gabinete de falsos que dicen que tenía Colbert, el ministro de Luis XIV, para animar a la creación de Compañías de Navegación, un Gabinete formado por un grupo de señores dedicados a escribir descripciones fantásticas de países inexistentes que incluían inventarios de riquezas sin fin.
Sr. Rector, la comunidad universitaria no se siente implicada con el CEI, no puede sentirse implicada porque quiere saber que se cuenta con ella, quiere ver realidades y no sólo proyectos virtuales, quiere, en fin, tener motivos para considerar razonable el embarcarse en unos costosos y duraderos créditos que por sus características están haciendo dudar sobre su aceptación a otras universidades y Comunidades Autónomas y que sobre la capacidad de esta Universidad para pagarlos de momento sólo tenemos la esperanza de que las empresas contribuyan.. En definitiva, tenemos un CEI ad futurum que corre el riesgo de pasar a ser sine die.
Junto a lo anterior, también hay que decir que la política de profesorado sigue gravitando en gran medida sobre los contratos baratos de profesores asociados, sin ofrecer un futuro a los jóvenes que quieren desarrollar su carrera académica y a los que la Universidad necesita para atenuar el envejecimiento de las plantillas. Así las cosas, y con el aumento de carga docente que la implantación de Bolonia ha supuesto para el conjunto del profesorado, no se entiende que el Rector haya dicho en una entrevista, a propósito del compromiso del Principado de contratar a 30 profesores más por año durante los próximos 4, que “con la mitad sería suficiente”.
En cambio, la política en relación con el PAS se está viendo mejorada con la convocatoria de varias oposiciones y con el anuncio de la puesta en marcha de la carrera profesional incluso con anticipos a cuenta que ya se están haciendo efectivos. Como tuve ocasión de decir en el Consejo de Gobierno, me alegro y apoyo esta iniciativa, que por cierto supone una excepción en esta época de recortes en toda Europa (y confío en que no se entere la Sra. Merkel, no vaya a ser que lo impida) pero espero que existan las necesarias garantías presupuestarias para que no se frustren las expectativas generadas. Digo esto porque conviene que se sepa que la propuesta –por el momento sólo es una propuesta- de la carrera profesional no va acompañada de una memoria económica que la avale.
Respecto a los estudiantes, sus exigencias de mejora de la calidad en la implantación de Bolonia fueron expresadas en la calle y, aparentemente, compartidas por el Rectorado. Los problemas docentes a los que me he referido al comienzo de mi intervención me hacen temer que se ha avanzado poco. En la actualidad, están aflorando cuestiones como la de la permanencia, el numerus clausus o las tasas, que requieren debate, claridad y transparencia.
Todo esto sucede en un contexto caracterizado por una gestión opaca, en la que la aplicación de las normas se modula según circunstancias subjetivas y se hieren sensibilidades, como ha sucedido con el lamentable caso de los profesores que solicitaban ser nombrados eméritos.
En este año que ha transcurrido desde la anterior sesión del Claustro, nuestra Universidad ha seguido siendo gobernada sin proyecto y sin liderazgo. Se ha ido a remolque de las iniciativas ajenas y se han tomado decisiones sin planificación estratégica, en un continuo ejercicio de voluntarismo. Esta Universidad y esta región necesitan que las cosas se hagan de otra forma: con criterio, con eficacia, con transparencia y con participación.
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